Noboa propone castración química obligatoria para violadores mediante reforma constitucional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el 10 de julio de 2025 una propuesta de reforma constitucional que plantea la aplicación obligatoria de la castración química a personas condenadas por delitos de violación. Esta medida fue remitida a la Asamblea Nacional como parte de un paquete de reformas legales impulsadas desde el Ejecutivo.

Contexto legal del hecho

La iniciativa se enmarca en una estrategia gubernamental orientada al endurecimiento de las sanciones penales, particularmente frente a delitos sexuales. El mecanismo utilizado por el Ejecutivo es el envío de un proyecto de reforma parcial a la Constitución, conforme lo previsto en el artículo 442 de la Constitución de la República del Ecuador, que permite modificar normas constitucionales con aprobación legislativa y posterior referéndum. Esta medida se suma a otras propuestas legales y constitucionales planteadas por el gobierno de Noboa desde su llegada al poder.

Contenido o disposición principal

Según lo anunciado por el presidente, la propuesta contempla la inclusión expresa de la castración química como una pena obligatoria para los autores del delito de violación. Noboa manifestó que “los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”, lo que refleja la intención del Ejecutivo de establecer una doble sanción: corporal y privativa de libertad. La iniciativa fue enviada dentro de un conjunto de reformas dirigidas a modificar el sistema penal ecuatoriano, y se encuentra a la espera de tratamiento por parte de la Asamblea Nacional.

Implicaciones prácticas o destinatarios

De ser aprobada, esta reforma implicaría la incorporación de un nuevo tipo de pena en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, con implicaciones tanto legales como médicas. Afectaría a las personas condenadas por delitos de violación conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y requeriría el desarrollo de protocolos médicos y administrativos para su aplicación. Además, la ejecución de esta medida exigiría coordinación interinstitucional entre el sistema judicial, el Ministerio de Salud Pública y los centros de rehabilitación social. La Asamblea Nacional deberá ahora debatir la viabilidad jurídica y operativa de la propuesta, lo que podría incluir una eventual consulta popular si se cumplen los requisitos constitucionales.

Fuente: Primicias