Paro nacional en Ecuador: restricciones legales frente a movilizaciones por eliminación del subsidio al diésel

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó un paro nacional para el 22 de septiembre de 2025, en protesta por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque se registraron cierres viales menores en algunas provincias, el Gobierno advirtió que no permitirá bloqueos ni actos ilegales. Las clases presenciales continúan en el país, salvo cambios por seguridad.

Contexto legal del hecho

El derecho a la resistencia y manifestación está reconocido en el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, dicho ejercicio debe enmarcarse dentro del respeto a los demás derechos fundamentales, como la libre movilidad (art. 66, numeral 14) y la seguridad ciudadana.

En caso de alteraciones al orden público, el Estado puede adoptar medidas excepcionales, conforme al artículo 165 de la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona actos como la paralización de servicios públicos (art. 346), sabotaje (art. 345) y obstrucción de vías (art. 346.1), los cuales podrían constituir delitos si se presentan en el contexto de protestas.

Contenido o disposición principal

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró públicamente que “las carreteras están abiertas” y advirtió que el Gobierno no permitirá cierres viales ni actos delictivos relacionados con las movilizaciones. Esta declaración implica una aplicación estricta de las normas penales y de orden público vigentes.

Hasta las primeras horas del 22 de septiembre, se registraron bloqueos menores en comunidades de Imbabura, sin reportes relevantes en las principales ciudades del país. La situación es monitoreada por autoridades nacionales.

El Ministerio de Educación informó que las clases presenciales continúan, aunque se prevé la posibilidad de adoptar la modalidad virtual si las condiciones de seguridad se ven comprometidas.

Implicaciones prácticas o destinatarios

Las advertencias del Gobierno implican que los ciudadanos y organizaciones que participen en el paro deberán hacerlo en el marco de la ley. Las conductas como cierres de vías, daños a bienes públicos o incitación a la violencia pueden derivar en procesos penales conforme al COIP.

Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el orden público y la libre circulación, y están facultadas para actuar dentro del marco constitucional ante cualquier alteración.

En cuanto al sistema educativo, cualquier modificación de la modalidad de clases deberá atender a criterios técnicos de seguridad y protección de derechos, conforme a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y sus reglamentos.

Fuente: Primicias