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Presidente Daniel Noboa presenta reforma constitucional para excluir a personas privadas de libertad de la categoría de atención prioritaria
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado una propuesta de reforma parcial a la Constitución para eliminar de la categoría de "grupos de atención prioritaria" a las personas privadas de libertad.
La reforma afecta los artículos 35 y 51 de la Constitución de la República del Ecuador:
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Personas privadas de libertad
Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:
1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.
El comunicado emitido por la Presidencia el 6 de noviembre afirma que la reforma busca justicia e igualdad en la distribución de los recursos y servicios estatales, priorizándolos para la ciudadanía en general. La propuesta será enviada a la Corte Constitucional y luego tramitada en la Asamblea Nacional.
Fuente: El Telégrafo