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Presidente José Antonio Kast presenta proyecto de ley para la reconstrucción en Chile

jueves, 16 de abril de 2026

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó el 16 de abril de 2026 una iniciativa denominada Ley de Reconstrucción, orientada a agilizar los procesos de reparación y edificación en las zonas del país que han sido afectadas por catástrofes naturales y crisis habitacionales. La propuesta busca establecer un marco jurídico excepcional que permita reducir los plazos administrativos para la obtención de permisos de edificación y la asignación de recursos fiscales. Durante el acto de presentación, Kast sostuvo que esta no es una iniciativa ideológica, sino un instrumento técnico diseñado para que los ciudadanos recuperen la habitabilidad de sus hogares en el menor tiempo posible.

Mecanismos de simplificación administrativa y desburocratización

El proyecto de ley contempla una serie de reformas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con el fin de eliminar barreras normativas que actualmente ralentizan los proyectos de reconstrucción estatal y privada. La normativa propone la creación de una ventanilla única de tramitación para proyectos de infraestructura crítica, lo que permitiría a las municipalidades y gobiernos regionales validar planes de obra de manera expedita. Según el texto presentado, la simplificación de estos procesos no implica una relajación de los estándares de seguridad estructural, sino una optimización de la gestión burocrática en situaciones de emergencia declarada.

Financiamiento y rol del sector privado en la reconstrucción

Uno de los pilares del articulado se centra en los incentivos fiscales para la inversión privada en zonas de catástrofe y áreas vulnerables identificadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La ley propone un sistema de exenciones tributarias temporales para las constructoras que participen en proyectos de interés social bajo este nuevo régimen de reconstrucción. Este enfoque busca generar una alianza público-privada que alivie la carga financiera del Estado y acelere la entrega de soluciones habitacionales definitivas, promoviendo la reactivación económica mediante la creación de empleo en el sector de la construcción.

Fuente: El País