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Proyecto de Ley de Integridad Pública avanza hacia su primer debate en la Asamblea Nacional

viernes, 13 de junio de 2025

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una iniciativa de carácter urgente orientada a fortalecer la gestión pública. Esta norma tiene como eje la lucha contra la corrupción estructural y la eficiencia del sector público.

 

Contexto legal del hecho

El proyecto, calificado como urgente en materia económica, se presentó como la “Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública”, pero su denominación fue modificada a “Ley Orgánica de Integridad Pública”. La propuesta forma parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por el actual Gobierno y fue tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

 

Contenido o disposición principal

La normativa plantea reformas integrales con enfoque transversal en varias leyes orgánicas. Entre las principales modificaciones se encuentran:

  • Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, incluyendo principios, actores, financiamiento, y control.

  • Cambios en los requisitos del Registro Único de Proveedores (RUP) y la simplificación de procedimientos como la subasta inversa electrónica, licitación, ínfima cuantía y catálogo electrónico.

  • Enmiendas a leyes como la LOSEP, COIP, COGEP, CONA, Código Orgánico Administrativo, Ley de la Contraloría General del Estado, Ley de Empresas Públicas, entre otras.

  • Incorporación de mecanismos para evaluar el talento humano, sancionar el prevaricato de abogados, y controlar el uso de fondos públicos.

Se establece además que los procedimientos precontractuales, contratos y reclamos iniciados antes de su vigencia seguirán rigiéndose por la normativa vigente en su momento.

 

Implicaciones prácticas o destinatarios

La ley está dirigida a servidores públicos, entidades contratantes y órganos de control. Afectará directamente los procedimientos de contratación pública, los procesos disciplinarios en el sector público, y la gestión de recursos humanos estatales. Se busca garantizar la transparencia, prevenir actos de corrupción y promover la eficiencia estatal. Una vez aprobado el primer informe, el proyecto continuará su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador