Quejas por retrasos y negativas del SRI en devoluciones de IVA e Impuesto a la Renta

Durante agosto de 2025, se ha evidenciado un aumento significativo de reclamos contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) por demoras y negaciones en las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta, afectando a constructores, adultos mayores, personas con discapacidad y otros contribuyentes.

Contexto legal del hecho

La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, publicada en diciembre de 2023, estableció que el SRI debe devolver el IVA pagado por constructores por adquisiciones locales o importaciones para proyectos inmobiliarios en un plazo máximo de tres meses, mediante la emisión de notas de crédito. Paralelamente, el Código Tributario ecuatoriano y la normativa interna del SRI fijan plazos de 60 días hábiles para responder solicitudes de devolución de impuestos, incluyendo a grupos prioritarios como adultos mayores y personas con discapacidad.

Contenido o disposición principal

Según el gremio Constructores Positivos, desde marzo de 2025 el SRI ha aprobado múltiples solicitudes de devolución de IVA, pero no ha ejecutado los pagos, argumentando limitaciones presupuestarias. Asimismo, se han registrado demoras en los reembolsos a personas con discapacidad y adultos mayores, cuyos trámites presentados desde enero de 2025 comenzaron a ser atendidos recién en julio.

Adicionalmente, se ha detectado un incremento en las negaciones de solicitudes de devolución del Impuesto a la Renta. A diferencia de años anteriores, el SRI ya no emite justificaciones específicas al rechazar los trámites, lo cual dificulta a los contribuyentes entender las causas del rechazo o subsanar posibles errores. En algunos casos, se han rechazado solicitudes debido a que el agente retenedor no cumplió con el pago al SRI, pese a que esto no es atribuible al solicitante.

Implicaciones prácticas o destinatarios

Los principales afectados son personas naturales y jurídicas que presentaron solicitudes de devolución, en especial dentro del sector de la construcción, así como adultos mayores y personas con discapacidad. El incumplimiento de los plazos legales por parte del SRI genera incertidumbre administrativa y financiera, obstaculiza el flujo de caja de las empresas y afecta derechos prioritarios consagrados en la Constitución y la ley. La falta de motivación en los actos administrativos de rechazo también vulnera principios de legalidad y debido proceso.

Fuente: Primicias