Sentencia No. 24-19-IS/23: La Corte Constitucional generó una vía de solución para un problema jurídico que empezó en 1981 a modificar la medida para garantizar la reparación integral del accionante

En la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales presentada para exigir lo dispuesto en la sentencia de apelación de una acción de protección en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huaquillas (GADM) que ordenó al GADM a entregar otro terreno con características similares y dentro del casco comercial de Huaquillas a favor del accionante, la Corte Constitucional aceptó la acción.

Este Organismo encontró que, pese a que los hechos del caso -la confiscación del terreno- se produjeron en el año 1981, al 2017 que se notificó la sentencia de apelación todavía no se cumplía con la medida ordenada y esto provocó un estado de incertidumbre jurídica al accionante. De ahí que, la Corte evaluó el impacto de la medida de reparación en el accionante y/o sus familiares en vista de las circunstancias actuales y al verificar su necesidad, decidió modificarla. Así, dispuso que se calcule el justo precio con base en la normativa vigente a la época de la acción de protección y que el GADM de Huaquillas pague el monto definido a través de la jurisdicción contencioso-administrativa a favor del accionante.

Finalmente, la Corte insistió en la importancia de que los jueces y las juezas atiendan los parámetros mínimos de diseño de una reparación integral, contemplados en el artículo 86, numeral 3 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, el juez o jueza constitucional debe hacer un esfuerzo para establecer el tipo de medidas que ordena y especificar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que deben cumplirse, así como tomar en consideración los factores técnicos que permitan que las medidas que se dicten sean ejecutables.

Revisa aquí la Sentencia No. 24-19-IS/23

Fuente: Corte Constitucional del Ecuador