UNE demanda inconstitucionalidad de la ley que regula el gasto de municipios y anuncia movilizaciones

La Unión Nacional de Educadores (UNE) interpuso este 24 de febrero de 2026 una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta acción jurídica busca que la Corte Constitucional del Ecuador deje sin efecto la normativa recientemente publicada en el Registro Oficial, alegando posibles vulneraciones a la autonomía financiera de los gobiernos locales y riesgos en el financiamiento de programas sociales.

Alcance normativo y límites al gasto corriente

La normativa impugnada establece que los gobiernos municipales y prefecturas deben destinar obligatoriamente al menos el 70% de su presupuesto anual a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura para servicios básicos. Paralelamente, la ley impone un límite máximo del 30% para el gasto corriente, que incluye el pago de salarios y gastos administrativos. Esta regla fiscal busca, según el Ejecutivo, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la prestación de servicios esenciales como agua potable y alcantarillado.

Argumentos de los demandantes y riesgos sociales

Los representantes de la UNE sostienen que la clasificación rígida del gasto compromete la sostenibilidad de proyectos sociales y educativos administrados por los municipios. Según la organización, programas de atención a grupos vulnerables y el pago de docentes vinculados a proyectos locales podrían ser catalogados como gasto corriente, lo que dificultaría su financiamiento bajo los nuevos topes legales. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, afirmó que la ley afecta programas que hoy ocupan rubros de inversión y que pasarán a ser considerados gasto corriente, poniendo en riesgo su continuidad.

Posturas institucionales y reacciones políticas

La aprobación de la ley en la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero contó con 77 votos a favor, provenientes principalmente del oficialismo y sus aliados. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para combatir la ineficiencia y la corrupción en la gestión local, sectores de la oposición y algunos alcaldes, como el burgomaestre de Quito, Pabel Muñoz, han calificado la reforma como un golpe a la descentralización. Los detractores señalan que es técnicamente inviable exigir mayores niveles de inversión sin que el Estado central cumpla primero con las deudas históricas que mantiene con los GAD.

Cronograma de aplicación y próximas movilizaciones

La ley contempla un periodo de transición para que los gobiernos locales ajusten sus estructuras presupuestarias, estableciendo un cronograma progresivo para el cumplimiento de la meta del 70/30 que se extiende hasta el año 2028. No obstante, además de la vía judicial, las organizaciones sociales han anunciado una jornada de movilizaciones a nivel nacional para el próximo 13 de marzo. Este proceso legal se suma a otras demandas de inconstitucionalidad presentadas contra reformas económicas urgentes impulsadas por la actual administración.

Fuentes: Primicias