UNICEF rechaza Ley de Integridad pública tras su aprobación en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 84 votos la Ley Orgánica de Integridad Pública, presentada con carácter económico urgente por el Ejecutivo. Aunque inicialmente centrada en la reforma a la contratación pública, la norma introduce modificaciones penales y estructurales que han generado preocupación nacional e internacional.

Contexto legal del hecho

Esta ley fue tramitada bajo el procedimiento especial de urgencia en materia económica, conforme al artículo 140 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, su alcance final incluye reformas a cerca de 20 cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Tránsito, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la legalidad de introducir modificaciones penales bajo esta figura legislativa.

Contenido o disposición principal

Además de regular la contratación pública y mejorar la eficiencia institucional, la ley incorpora reformas que permiten juzgar a adolescentes como adultos en delitos graves, declarar en emergencia la Función Judicial, evaluar de forma anticipada a jueces y fiscales, y establecer nuevas disposiciones en materia de política financiera y seguridad pública. También se modifican normas relativas al Banco Central del Ecuador y se incluye una redefinición del estatus legal de ciertas cooperativas financieras.

El asambleísta Andrés Castillo propuso a última hora disposiciones sobre justicia penal juvenil y seguridad que fueron incluidas en el texto aprobado.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La ley tendrá impacto inmediato en la gestión pública, el sistema judicial y la administración de justicia penal juvenil. UNICEF manifestó su rechazo, al considerar que las reformas aplicables a adolescentes son regresivas y contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Constitución ecuatoriana. También se advierte de un posible agravamiento del sistema penitenciario y la reducción de oportunidades de reintegración social para menores infractores.

Adicionalmente, cooperativas financieras han cuestionado su posible clasificación como bancos privados, y la bancada de la Revolución Ciudadana denunció vicios de inconstitucionalidad en el procedimiento legislativo seguido.

El presidente Daniel Noboa dispone de 30 días para objetar total o parcialmente el proyecto antes de su publicación en el Registro Oficial.

Fuente: Primicias